Ha pasado el tiempo y la cancillería colombiana se resiste, con cierta arrogancia, a incluir a por lo menos un nativo de las islas en el equipo jurídico que tiene en La Haya defendiéndose de Nicaragua, que pretende una plataforma marítima mayor a la que consiguió con el fallo del 19 de noviembre de 2012.
Esto, manteniendo en secreto todo lo relacionado con el proceso, como si la experiencia anterior no le hubiese enseñado nada.
En virtud de lo anterior, han empezado a circular rumores que apuntan hacia un nuevo fracaso en la Corte Internacional de Justicia, CIJ, y dejan entrever que Jamaica podría estar dispuesta a seguir el ejemplo de Nicaragua pues siente que el tratado Sanín-Robertson (firmado en Kingston, el 12 de noviembre de 1993) no les favorece. Como quien dice, la situación se puede poner peor.
El Estado colombiano se comporta en este caso como el peor ciego: el que no quiere ver. Y excluye sin razón alguna a los nativos del archipiélago pues deliberadamente desconoce el derecho legítimo de estos a participar de manera directa en la defensa de la integralidad de su territorio ancestral ante dicho tribunal internacional.
Nadie se explica como puede la cancillería dejar por fuera a los isleños de este asunto, sabiendo que son quienes mejor ejercen la rimbombante soberanía nacional de la que tanto hace alarde el gobierno colombiano.
Menos estando al tanto de la existencia de profesionales raizales bien preparados en el tema, por encima incluso de cualquier ilustre diplomático o internacionalista capitalino. A no ser que a la canciller Holguín la esté rondando el fantasma segregacionista que persigue a la senadora Paloma Valencia, quien para no juntarse con la chusma (aborígenes) ha dicho a los cuatro vientos que quiere dividir el departamento del Cauca en dos.
Para completar, ya se acabó el furor de los nombramientos de personas de acá en altos cargos del gobierno nacional, lo cual viene a confirmar lo que advirtieron muchos en su momento: que todo hizo parte de una estrategia para calmar los ánimos locales recién exacerbados por el fallo de La Haya de 2012.
El presidente Santos y sus ministros no pueden volver a cometer el grave error de cerrar las puertas del Estado a los profesionales del archipiélago que lo merezcan pues estaría alentando fuertemente la idea separatista de muchos.
La realidad es que nada se sabe de lo que está pasando en La Haya en estos momentos, ni nadie de la Cancillería se toma el trabajo de hacer un viajecito a San Andrés para poner al corriente de la situación a sus habitantes en general. Todo se hace en silencio, como si tuvieran más que ocultar que mostrar.
El secretismo y la exclusión vuelven y juegan en este nuevo round al que Nicaragua comparece con los bríos de un toro de lidia de varias plazas después del buen logro alcanzado en 2012 en este mismo tribunal.
Así que no está demás ir preparándose para lo peor.
COLETILLA: “La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad”, Thomas Mann.
@nadimar65
